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| Esa actitud se torna más evidente cuando se repara en que, al tiempo de plantearse la apelación (30/8/2002), sólo restaban tres meses para la finalización del año lectivo, y al momento de interponer la actora el recurso de casación, había comenzado un nuevo año escolar (8/4/2003), motivo por el cual no hubiese resultado posible ejecutar una resolución que respondiera favorablemente a las pretensiones de la amparista, toda vez que ello hubiese importado insertar a la menor en un grado inferior al que ella se encontraba cursando. Por lo tanto, una decisión respecto a la cuestión principal traída a decisión se ha tornado inocua, carente de toda trascendencia, más aun si se tiene en cuenta, según lo reconocen expresamente los actores, que la menor ha asistido como alumna regular durante el año 2002 a la sala de cinco años del nivel inicial en el Colegio Divino Salvador en la Provincia de Corrientes, y durante el año 2003, ha cursado primer grado en el Colegio Nicolás Berrotarán de esta ciudad de Córdoba, según así se acredita con la documentación incorporada a fs. 256/258 y fs. 65 y vta. del recurso directo. Dicha circunstancia, sumada al hecho de que ha expirado con holgura el ciclo lectivo en el cual los actores pretendían que la menor cursara el jardín de cinco años, priva a los accionantes del interés jurídico concreto y actual que debe sustentar toda pretensión, más aun cuando la resolución de la cuestión requiere del tribunal un pronunciamento respecto a una pretendida falta de adecuación al orden normativo constitucional del dispositivo legal impugnado. Los recurrentes ponen de resalto que la pretensión no ha perdido actualidad a pesar de que la menor ha concurrido a una sala de cinco años en otra jurisdicción, por cuanto entienden que han sido condenados en virtud de una norma inconstitucional que continúa vigente, razón por la que requieren un pronunciamiento jurisidiccional que restablezca sus derechos fundamentales conculcados (conf. fs. 276 vta.). En tal sentido, es preciso aclarar que para que la instancia de impugnación logre un pronunciamiento positivo sobre la cuestión en debate es menester que el recurrente ponga de manifiesto el agravio cierto, efectivo y actual que le ha producido el fallo atacado. Esta postura encuentra respaldo si se recuerda que la declaración de inconstitucionalidad no tiene carácter consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa acerca del conflicto de normas denunciado, pues el reclamante debe acreditar la subsistencia del mismo mientras se tramite el proceso, así como la circunstancia de que la supuesta vulneración a derechos y garantías constitucionales le provoca un gravamen real, concreto y actual, presupuestos que no se configuran en autos por los motivos expuestos. | Esa actitud se torna más evidente cuando se repara en que, al tiempo de plantearse la apelación (30/8/2002), sólo restaban tres meses para la finalización del año lectivo, y al momento de interponer la actora el recurso de casación, había comenzado un nuevo año escolar (8/4/2003), motivo por el cual no hubiese resultado posible ejecutar una resolución que respondiera favorablemente a las pretensiones de la amparista, toda vez que ello hubiese importado insertar a la menor en un grado inferior al que ella se encontraba cursando. Por lo tanto, una decisión respecto a la cuestión principal traída a decisión se ha tornado inocua, carente de toda trascendencia, más aun si se tiene en cuenta, según lo reconocen expresamente los actores, que la menor ha asistido como alumna regular durante el año 2002 a la sala de cinco años del nivel inicial en el Colegio Divino Salvador en la Provincia de Corrientes, y durante el año 2003, ha cursado primer grado en el Colegio Nicolás Berrotarán de esta ciudad de Córdoba, según así se acredita con la documentación incorporada a fs. 256/258 y fs. 65 y vta. del recurso directo. Dicha circunstancia, sumada al hecho de que ha expirado con holgura el ciclo lectivo en el cual los actores pretendían que la menor cursara el jardín de cinco años, priva a los accionantes del interés jurídico concreto y actual que debe sustentar toda pretensión, más aun cuando la resolución de la cuestión requiere del tribunal un pronunciamento respecto a una pretendida falta de adecuación al orden normativo constitucional del dispositivo legal impugnado. Los recurrentes ponen de resalto que la pretensión no ha perdido actualidad a pesar de que la menor ha concurrido a una sala de cinco años en otra jurisdicción, por cuanto entienden que han sido condenados en virtud de una norma inconstitucional que continúa vigente, razón por la que requieren un pronunciamiento jurisidiccional que restablezca sus derechos fundamentales conculcados (conf. fs. 276 vta.). En tal sentido, es preciso aclarar que para que la instancia de impugnación logre un pronunciamiento positivo sobre la cuestión en debate es menester que el recurrente ponga de manifiesto el agravio cierto, efectivo y actual que le ha producido el fallo atacado. Esta postura encuentra respaldo si se recuerda que la declaración de inconstitucionalidad no tiene carácter consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa acerca del conflicto de normas denunciado, pues el reclamante debe acreditar la subsistencia del mismo mientras se tramite el proceso, así como la circunstancia de que la supuesta vulneración a derechos y garantías constitucionales le provoca un gravamen real, concreto y actual, presupuestos que no se configuran en autos por los motivos expuestos. | ||
| - | La exigencia de los amparistas de reclamar un pronunciamiento por parte de este tribunal con fundamento en que la discusión de fondo no ha devenido abstracta traduce una pretendida asunción de la defensa de los intereses colectivos de todos los menores que eventualmente pudieran verse agraviados por la resolución que en autos se cuestiona, posición que se encuentra vedada por el ordenamiento jurídico vigente, el que expresamente priva a los particulares de la posibilidad de ejercer la defensa de derechos de incidencia colectiva. Sobre el tópico, es dable precisar que "el ap. 2 del art. 43 Ver Texto CN. dispone que la acción de amparo en materia de `derechos de incidencia colectiva en general' otorga legitimación sólo a quienes acrediten encontrarse en alguna de estas tres hipótesis: a) el propio afectado; b) el defensor del pueblo; y c) las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley. Cuando quien interpone el amparo es el `afectado', pretendiendo tutelar incluso derechos de incidencia colectiva, la legitimación para accionar sólo está asignada a quien acredite la preexistencia de un derecho subjetivo, esto es de un agravio propio, directo y concreto de un derecho o garantía constitucional" (conf. Trib. Sup. Just., sala Cont. Adm., sent. 50/1996 en autos "González, Guillermo E. y otro v. Pérez, César P. amparo recurso de apelación"). En definitiva, la ausencia de un interés jurídico, concreto y actual susceptible de ser invocado por el apelante determina la inexistencia de gravamen y por ende la improcedencia de recurso intentado se impone, por haber perdido actualidad la cuestión motivo del litigio. Ello así, toda vez que para la existencia de una cuestión justiciable es menester que su dilucidación conduzca a decidir una situación de hecho real y concreta (conf. Fallos 2:254; 12:372; 24:248, entre muchos otros). | + | La exigencia de los amparistas de reclamar un pronunciamiento por parte de este tribunal con fundamento en que la discusión de fondo no ha devenido abstracta traduce una pretendida asunción de la defensa de los intereses colectivos de todos los menores que eventualmente pudieran verse agraviados por la resolución que en autos se cuestiona, posición que se encuentra vedada por el ordenamiento jurídico vigente, el que expresamente priva a los particulares de la posibilidad de ejercer la defensa de derechos de incidencia colectiva. Sobre el tópico, es dable precisar que "el ap. 2 del art. 43 Ver Texto CN. dispone que la acción de amparo en materia de derechos de incidencia colectiva en general otorga legitimación sólo a quienes acrediten encontrarse en alguna de estas tres hipótesis: a) el propio afectado; b) el defensor del pueblo; y c) las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley. Cuando quien interpone el amparo es el afectado, pretendiendo tutelar incluso derechos de incidencia colectiva, la legitimación para accionar sólo está asignada a quien acredite la preexistencia de un derecho subjetivo, esto es de un agravio propio, directo y concreto de un derecho o garantía constitucional" (conf. Trib. Sup. Just., sala Cont. Adm., sent. 50/1996 en autos "González, Guillermo E. y otro v. Pérez, César P. amparo recurso de apelación"). En definitiva, la ausencia de un interés jurídico, concreto y actual susceptible de ser invocado por el apelante determina la inexistencia de gravamen y por ende la improcedencia de recurso intentado se impone, por haber perdido actualidad la cuestión motivo del litigio. Ello así, toda vez que para la existencia de una cuestión justiciable es menester que su dilucidación conduzca a decidir una situación de hecho real y concreta (conf. Fallos 2:254; 12:372; 24:248, entre muchos otros). |
| IV. En otro orden de cosas, y sin perjuicio de la conclusión a la que se arriba en el considerando precedente, este tribunal no puede dejar de advetir que ante un primer análisis de los términos de la pretensión esgrimida por los padres de la menor, surge evidente e incontestable la ausencia notoria de los requisitos mínimos exigidos por la norma específica -art. 2 Ver Texto ley 4915 (3)- a los fines de la admisibilidad de la vía ejercida. Cabe reparar en que la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LL 1995-D, sec. doct., p. 1238). La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que a veces en la doctrina y en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad, revela que el acto lesivo debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo (Bidart Campos, Germán J., "El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo", JJ 1969-2-169 y ss.). Asimismo, la acción de amparo presupone la existencia de un derecho o garantía incontrovertido, cierto. Este extremo no se halla sujeto a un amplio debate o prueba sino a la mera verificación de la conducta u omisión lesiva y el agravio consiguiente. Sobre el particular, resulta ilustrativa la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su calidad de intérprete último de la Ley Fundamental de la Nación, en pacífica jurisprudencia ha resuelto que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos 275:320 Ver Texto; 296:527 Ver Texto ; 302:1440 Ver Texto [4]; 305:1878 Ver Texto; 306:788 Ver Texto [5]). La Corte ha señalado que este criterio "...no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 Ver Texto CN. pues reproduce en lo que aquí importa el citado art. 1 de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia..." (Corte Sup., 10/12/1996, "Servotrom S.A. v. Metrovías S.A. y otros", Sup. de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, LLBA del 25/8/1997, p. 4 y ss.). En el caso, los accionantes persiguen la declaración de inconstitucionalidad de la norma que establece el 30 de junio de cada año como fecha de corte para la determinación del ciclo lectivo en el que corresponde inscribir a los alumnos ingresantes a la escolaridad en el nivel inicial decreto del Poder Ejecutivo 2158/1999 Ver Texto invocando la madurez evolutiva de su hija, el derecho de los niños a la educación, el derecho de los padres a educarlos según su condición y fortuna y la garantía de igualdad que impide hacer discriminaciones con sustento en circunstancias que el afectado no puede controlar, tal el caso de la edad, que los priva, en definitiva, del debido ejercicio de la patria potestad. En ese contexto, del reclamo así intentado por los amparistas no se vislumbra atisbo alguno de arbitrariedad en el accionar de las autoridades educativas de la provincia al negarse a inscribir a la niña en el jardín de cinco años como pretendían, y menos todavía que la exigencia de la norma de inscribirla en el jardín de cuatro años merezca el calificativo de discriminatoria, como antojadiza y caprichosamente juzgan los padres. Ello por cuanto el ciclo inicial, como su nombre lo indica, es el comienzo de un proceso educativo que incluye no sólo el aprendizaje, entendido como la adquisición de saberes y habilidades, sino también la socialización del niño, a cuyo fin se han determinado las edades de ingreso con fundamento en parámetros de desarrollo psicofísico y afectivo del menor. Este ciclo es el primer trayecto institucional de la escuela pública y sus objetivos apuntan a brindar al niño las herramientas que garanticen el derecho al aprendizaje en todas sus facetas posibles, considerando al menor como un ser social en el que el medio que lo circunda presenta múltiples factores de interés social, natural y cultural para el niño, los cuales le deben ser transmitidos por adultos debidamente preparados para tal fin y en una primera etapa de la vida de la persona, determinada en base a estudios, previa y concienzudamente realizados. Como se ha puntualizado, el ciclo inicial representa la primera etapa, para lo cual el Estado, con el objeto de propender al acabado cumplimiento de su fin de bien público, asegurando el pleno goce de los derechos de niños y jóvenes consagrados por los arts. 19 Ver Texto inc. 4, 25 Ver Texto y 26 Ver Texto Const. prov. (6), y en uso de sus legítimas atribuciones, ha reglamentado la edad de ingreso de los educandos, mediante la normativa cuestionada en autos, como un modo de ordenar el mismo y optimizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la currícula, por lo que no encuentra asidero la denuncia de exceso de atribuciones legislativas por parte del administrador. | IV. En otro orden de cosas, y sin perjuicio de la conclusión a la que se arriba en el considerando precedente, este tribunal no puede dejar de advetir que ante un primer análisis de los términos de la pretensión esgrimida por los padres de la menor, surge evidente e incontestable la ausencia notoria de los requisitos mínimos exigidos por la norma específica -art. 2 Ver Texto ley 4915 (3)- a los fines de la admisibilidad de la vía ejercida. Cabe reparar en que la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994", LL 1995-D, sec. doct., p. 1238). La calificación de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que a veces en la doctrina y en la jurisprudencia es reemplazada por la de ilegitimidad, revela que el acto lesivo debe mostrar fehacientemente, en su primera apariencia, la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo (Bidart Campos, Germán J., "El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad o ilegalidad del acto lesivo", JJ 1969-2-169 y ss.). Asimismo, la acción de amparo presupone la existencia de un derecho o garantía incontrovertido, cierto. Este extremo no se halla sujeto a un amplio debate o prueba sino a la mera verificación de la conducta u omisión lesiva y el agravio consiguiente. Sobre el particular, resulta ilustrativa la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su calidad de intérprete último de la Ley Fundamental de la Nación, en pacífica jurisprudencia ha resuelto que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (Fallos 275:320 Ver Texto; 296:527 Ver Texto ; 302:1440 Ver Texto [4]; 305:1878 Ver Texto; 306:788 Ver Texto [5]). La Corte ha señalado que este criterio "...no ha variado con la sanción del nuevo art. 43 Ver Texto CN. pues reproduce en lo que aquí importa el citado art. 1 de la ley reglamentaria, imponiendo idénticos requisitos para su procedencia..." (Corte Sup., 10/12/1996, "Servotrom S.A. v. Metrovías S.A. y otros", Sup. de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, LLBA del 25/8/1997, p. 4 y ss.). En el caso, los accionantes persiguen la declaración de inconstitucionalidad de la norma que establece el 30 de junio de cada año como fecha de corte para la determinación del ciclo lectivo en el que corresponde inscribir a los alumnos ingresantes a la escolaridad en el nivel inicial decreto del Poder Ejecutivo 2158/1999 Ver Texto invocando la madurez evolutiva de su hija, el derecho de los niños a la educación, el derecho de los padres a educarlos según su condición y fortuna y la garantía de igualdad que impide hacer discriminaciones con sustento en circunstancias que el afectado no puede controlar, tal el caso de la edad, que los priva, en definitiva, del debido ejercicio de la patria potestad. En ese contexto, del reclamo así intentado por los amparistas no se vislumbra atisbo alguno de arbitrariedad en el accionar de las autoridades educativas de la provincia al negarse a inscribir a la niña en el jardín de cinco años como pretendían, y menos todavía que la exigencia de la norma de inscribirla en el jardín de cuatro años merezca el calificativo de discriminatoria, como antojadiza y caprichosamente juzgan los padres. Ello por cuanto el ciclo inicial, como su nombre lo indica, es el comienzo de un proceso educativo que incluye no sólo el aprendizaje, entendido como la adquisición de saberes y habilidades, sino también la socialización del niño, a cuyo fin se han determinado las edades de ingreso con fundamento en parámetros de desarrollo psicofísico y afectivo del menor. Este ciclo es el primer trayecto institucional de la escuela pública y sus objetivos apuntan a brindar al niño las herramientas que garanticen el derecho al aprendizaje en todas sus facetas posibles, considerando al menor como un ser social en el que el medio que lo circunda presenta múltiples factores de interés social, natural y cultural para el niño, los cuales le deben ser transmitidos por adultos debidamente preparados para tal fin y en una primera etapa de la vida de la persona, determinada en base a estudios, previa y concienzudamente realizados. Como se ha puntualizado, el ciclo inicial representa la primera etapa, para lo cual el Estado, con el objeto de propender al acabado cumplimiento de su fin de bien público, asegurando el pleno goce de los derechos de niños y jóvenes consagrados por los arts. 19 Ver Texto inc. 4, 25 Ver Texto y 26 Ver Texto Const. prov. (6), y en uso de sus legítimas atribuciones, ha reglamentado la edad de ingreso de los educandos, mediante la normativa cuestionada en autos, como un modo de ordenar el mismo y optimizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la currícula, por lo que no encuentra asidero la denuncia de exceso de atribuciones legislativas por parte del administrador. | ||